Condenados otra vez los saharauis de Gdeim Izik

En mayo de 2017 los procesados saharauis de Gdeim Izik dijeron que asistían a un juicio político y que la sentencia ya estaba decidida. En la mañana del 19 de julio  les han sido impuestas siete cadenas perpetuas y trece que van de los veinte a los 30 años de prisión. 

Dos han sido condenados a seis años y medio y a cuatro años y cinco meses y han quedado en libertad por ser un tiempo inferior al que han estado en prisión. Otro procesado se encuentra en libertad provisional y al no poder asistir por problemas sanitarios será juzgado en septiembre.

El Tribunal de Apelación de Salé, cerca de Rabat, ha condenado a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik, a los que fue anulada por el Tribunal de Casación una sentencia similar de un tribunal militar de 2013

Al considerar que era un juicio farsa, el 16 de mayo los presos políticos de Gdeim Izik pidieron a sus abogados que dejaran la defensa y se negaron a estar presentes en un juicio que se inició el 26 de diciembre de 2016 por los hechos ocurridos en noviembre de 2010,  en el transcurso del desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes y del ejército del campamento de jaimas que 20.000 saharauis levantaron a 15 kilómetros de El Aaiún para reivindicar mejoras sociales.

Fueron acusados  del asesinato de once agentes de la gendarmería marroquí. Los abogados de oficio, letrados marroquíes incorporados al juicio el mismo día en que renunciaron las defensas  sin poder estudiar el sumario ni hablar con los presos, coincidieron en la exposición final  en pedir la absolución y en la ausencia de pruebas contra los acusados.

La falta de pruebas ya fue puesta de manifiesto por las abogadas francesas Ingrid Metton y Olfa Ouled, que intervinieron hasta mediados de mayo y que cuando renunciaron a la defensa de los presos saharauis fueron sacadas de la sala a la fuerza, prácticamente en volandas, al pretender intervenir por última vez. Olfa Mouled llegó a ser agredida.

Estas dos letradas emitieron días después un informe en el que señalaron que “todas las pruebas que sirvieron para justificar las acusaciones carecen de credibilidad jurídica y científica” y que las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Señalaron, también, que el dossier que se presentó al tribunal de apelaciones es el mismo que el del tribunal militar al que se anuló la sentencia y que  se determinó que faltaban pruebas y la identificación de las víctimas.

Durante más de siete meses de juicio las vistas han sido interrumpidas y aplazadas con la intención, según denunciaron activistas saharauis,  de dificultar la presencia de los familiares de los presos, desplazados desde El Aaiún, en el Sáhara Occidental,  así como la de los observadores internacionales.

La eurodiputada de Izquierda Paloma López, que asistió  como observadora, denunció el 11 de mayo que la vista del juicio, lleno de irregularidades, se dilataba en el tiempo con el propósito de que cada vez asistiesen menos observadores internacionales, a la vez que expresó sus temores de que la sentencia estuviese ya preparada, a pesar de la falta de pruebas incriminatorias, y que se repitiese la condena ilegal del juicio militar.

Tribunal marroqui

Además de las dificultades que los aplazamientos supusieron para los observadores internacionales, algunos de ellos fueron expulsados, como le ocurrió en marzo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Martín Morillo, acreditado por el Consejo General de la Abogacía Española, y a la ciudadana francesa Claude Mangin, esposa de Naama Asfari, uno de los acusados, que ya había sido expulsada también en febrero, o a Hans Inge Alander y Diego A Vaula Foss, observadores de la organización noruega Changemaker.

La sentencia se ha producido dos días después de que Human Rights Watch (HWR) y Amnistía Internacional (AI) emplazaron a las autoridades judiciales marroquíes a que no  dictasen sentencia basandose en confesiones obtenidas mediante la tortura,  prohibida en la Constitución marroquí  y tipìficada como delito en el Código Penal de Marruecos. Por las torturas que sufrió uno de los presos de Gdeim iizij, Naama Asfari, Marruecos fue condenado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

¿Pero cuál es su verdadero delito? pregunta el grupo de comunicación saharaui Equipe Media,   a cuyos periodistas han puesto continuas dificultades para cubrir el juicio:

“El único delito que han cometido los presos políticos saharauis, es la lucha pacífica por la defensa de los derechos humanos y la independencia del Sáhara Occidental. Estos activistas y periodistas defensores de los derechos humanos en el año 2010 participaron en el campamento de Gdeim Izik, organizado por la población saharaui a las afueras de El Aaiún ocupado –a unos 16 km de la capital–  donde se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar la falta de derechos sociales, políticos y económicos, que sufren desde el año 1975 cuando el Reino de Marruecos ocupó ilegalmente el territorio saharaui. El campamento de la Dignidad fue desmantelado brutalmente por la Gendarmería y el Ejército de ocupación marroquí en la madrugada del 8 de noviembre de 2010. En ese mismo momento no sólo se impuso un bloqueo informativo para que nadie se enterara de lo que realmente sucedía, sino que se militarizó todo el territorio ocupado, y comenzó la persecución hacia los activistas y defensores de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Lo que terminó primero con condenas elevadas impuestas por un Tribunal Militar. Tras de 7 años presos, y gracias a la presión de algunas organizaciones internacionales en el año 2016 se comenzó el juicio en el Tribunal marroquí de Apelaciones en Salé”.

“Pero aquellas advertencias sobre las violaciones sistemática a los derechos humanos que sufrieron todos estos años los presos saharauis, fueron reavivadas, cuando dio comienzo en el 2017 la continuación de este juicio farsa. Comprobándose a través de los observadores internacionales que participaron en el juicio que todas las acusaciones basadas en supuestas “confesiones y declaraciones” se han obtenido bajo terribles torturas y otros tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas policiales marroquíes, durante los interrogatorios. Ni siquiera los presos saben los contenidos de los sumarios. Esas violaciones contra los presos saharauis, fueron denunciadas por organizaciones internacionales como: Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Centro Robert F. Kennedy (RFK) y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) entre otras.”

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