“¡Y qué quieren que haga!”Así atendió Exteriores a los abogados expulsados del Sáhara

 

 

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  • El Consulado no apareció por el aeropuerto de Casablanca

  • “Nos tenían que ayudar. Nos sentimos desamparados”

  • El Gobierno socialista actúa igual que el del PP

Alfonso Lafarga.-

“¡Y qué quieren que haga!” Esta fue la respuesta del Consulado de España en Casablanca (Marruecos) que recibieron los abogados Ana Sebastián y Pablo Jiménez cuando comunicaron que las autoridades marroquíes no les permitían entrar en El Aaiún, donde tenían previsto asistir a un juicio como observadores internacionales.

Los  abogados fueron obligados a ir a Casablanca, en cuyo aeropuerto les esperaba la policía marroquí,  pero no funcionarios del Consulado. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sigue sin decir nada.

Los abogados, del Colegio de Zaragoza, viajaron el 30 de agosto a la capital del Sáhara Occidental para asistir al juicio contra el activista saharaui El Fak Jalihenna,, pero ni siquiera pudieron bajar del avión: autoridades  marroquíes se lo impidieron alegando que no habían comunicada su visita. Ninguna otra explicación ni notificación por escrito como reclamaron los letrados.

Ana Sebastián ha reiterado a Contramutis que nunca se comunican esos viajes: tanto ella como Pablo Jiménez ya habían ido en anteriores ocasiones a  El Aaiún y siempre pudieron pasar.

Los juristas llamaron por teléfono desde El Aaiún al Consulado de España en Casablanca – Soledad Fuentes Gómez es la Cónsul general y Moisés Morera Mart el  Cónsul adjunto, y la contestación del funcionario al que contaron lo que ocurría fue sucinta: “¡Y qué quieren que haga!”

La letrada insistió: Querían saber qué tenían que hacer al llegar a Casablanca, a quien dirigirse y si alguien del Consulado estaría en el aeropuerto. Se puso entonces una oficial,  que tampoco fue muy expresiva: “Básicamente nos dijo que nos buscásemos la vida; no sabían si habría policía en el aeropuerto, pues no entendían si nos estaban expulsando solamente de El Aaiún o también del territorio de Marruecos, y decían que no podían hacer más”.

La abogada se indignó, no se lo podía creer: “Queríamos saber si esto se podía hacer y que teníamos que hacer nosotros, que pasaba al llegar a Casablanca, no teníamos ni hotel ni avión para regresar a España; dije que nos tenían que ayudar, que era su obligación y esta fue respuesta: si os llevan a Casablanca vais y allí ya veréis”.

Aterrizaron en Casablanca y solo estaban los agentes de seguridad del aeropuerto: “Nos dijeron que no éramos bienvenidos en Marruecos, sin más explicaciones, aunque preguntamos por algún otro motivo formal; pedimos una comunicación escrita y no nos la dieron”.

El avión para Madrid salía al día siguiente por la mañana y debían sacar los pasajes, además de pagar un hotel o quedarse en la sala de espera del aeropuerto. Ante su negativa a correr con los gastos de hospèdaje y decididos a pasar la noche en la sala de espera, se le facilitó alojamiento en el hotel del aeropuerto, así como el acceso al avión. Hasta que embarcaron estuvieron vigilados por los agentes de seguridad.

Mientras duró su estancia en el aeropuerto no recibieron comunicación del Consulado, se sintieron “totalmente desamparados”: “Me parece una vergüenza, no es normal, en cualquier país sueles recibir una buena atención por parte del consulado, una mínima preocupación, que te vayan a ver, estábamos en el aeropuerto, era fácil”, ha manifestado Ana Sebastián.

Queja ante Exteriores y NNUU

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El ministro de Exteriores, Josep Borrel con su homólogo marroquí, Nasser Bourita

Los abogados han presentado una queja ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que también se ha dirigido el Consejo General de la Abogacía Española, y han enviado una denuncia al Relator Especial de  la ONU sobre los Derechos Humanos. El senador navarro de IU/IE en la Coalición Unidos Podemos Iñaki Bernal ha preguntado al Gobierno de España si piensa tomar alguna medida ante el Gobierno de Marruecos.

El caso de  Ana Sebastián y Pablo Jiménez es la primera expulsión de ciudadanos españoles del Sáhara Occidental con la que se encuentra el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la respuesta del Ministerio que dirige de Josep Borrell ha sido la misma que daba sistemáticamente el Gobierno del Partido Popular: el silencio.

Los letrados aragoneses escribieron que la expulsión por las autoridades marroquíes de las misiones de observación jurídica internacional “constituye una actuación ilegítima” por suponer una vulneración del derecho fundamental a un juicio justo, evidenciando la voluntad de “no permitir testigos del modo en que se enjuicia a los activistas saharauis”.

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El Fak Jalihenna,

El 31 de agosto un tribunal de El Aaiún juzgó y condenó a cuatro meses de cárcel a El Fak Jalihenna, detenido quince días antes al volver de la Universidad de Verano de Argel. El activista ya estuvo un año y medio en prisión. No se permitió la asistencia al juicio de familiares ni de observadores de  asociaciones de Derechos Humanos. La Coordinadora de Desempleados Saharauis denunció que Jalihenna fue sometido a tortura en la cárcel Negra de El Aaiún.

 

 

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