Que España intervenga ante Marruecos por los presos políticos saharauis

  • Concentración todos los lunes ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que la ministra Arancha González Laya intervenga por los presos políticos saharauis.
  • Campañas del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) y de Amnistía Internacional.

Alfonso Lafarga.-

Que España intervenga ante Marruecos para que se cumplan los Derechos Humanos de los presos políticos saharauis. Es la petición que cada lunes hacen frente al Ministerio de Asuntos Exteriores saharauis y solidarios con la causa del pueblo saharaui.

Convocados por el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), durante tres semanas de marzo acudieron todos los días ante Exteriores por el periodista saharaui Mohamed Lamine Haddi, preso en la cárcel marroquí de Tiflet 2, en la que mantuvo una huelga de hambre de 69 días para protestar por “sus terribles condiciones de encarcelamiento”, huelga que las autoridades marroquíes interrumpieron alimentándole a la fuerza.

Ahora, la concentración se produce todos los lunes, de 13 a 14 horas, pues el de Haddi “no es un caso aislado y los Derechos Humanos se conculcan constantemente tanto en las cárceles marroquíes como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental”, según se  manifiesta en la carta entregada en el Ministerio para la titular del departamento, Arancha González Laya.

Afirman en el escrito que este caso, como el de Sultana Jaya, que lleva cinco meses confinada en su casa en Bojador sin orden judicial y ha sido agredida en repetidas ocasiones, como su hermana El Ouara, “son dos ejemplos entre muchos de las flagrantes violaciones de los DDHH de los saharauis cometidas por Marruecos”.

Por ello consideran que España, “dada su responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental”, debe intervenir para que se cumplan los convenios internacionales en defensa de los Derechos Humanos y alcancen a los saharauis.

El MPPS habla de “la privilegiada posición de España con Marruecos” para mediar y que termine la persecución de civiles saharauis; también reclaman que “una institución internacional se persone urgentemente en las cárceles marroquíes para el seguimiento de las condiciones de encarcelamiento y de salud de los presos saharauis”, la mayoría muy enfermos y  “condenados en juicios denunciados por su falta de derechos y garantías”.

Amnistía Internacional se dirige al  jefe del Gobierno de Marruecos, Saad Eddine el Othmani

Precisamente sobre la situación del preso Mohamed Lamine Haddi, cuya salud corre peligro “tras pasar 69 días en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que sufre en prisión y su reclusión en régimen de aislamiento durante más de tres años”, Amnistía Internacional (AI) ha promovido una ACCIÓN URGENTE dirigida al jefe del Gobierno de Marruecos, Saad Eddine el Othmani, en la que pide atención médica inmediata para Haddi, poner fin a su reclusión en régimen de aislamiento y “llevar a cabo una investigación independiente sobre sus denuncias de tortura y condiciones de reclusión”.

AI recuerda que Haddi fue condenado en julio de 2017 a 25 años de prisión tras el juicio masivo injusto de Gdeim Izik, “sobre la base de confesiones obtenidas por medio de tortura”.

Esta es la segunda acción urgente  que en menos de un mes lanza Amnistía Internacional referida al Sáhara Occidental ocupado y en la que se condena acciones contra civiles saharauis. La anterior fue por “abusos contra la activista saharaui Sultana Jaya y varios miembros de su familia”, que llevan “meses bajo arresto domiciliario, sin haber presentado las autoridades cargos contra ella”.

Amnistía concreta que “hay agentes de los servicios de seguridad apostados habitualmente frente a su casa, que no dejan salir de ella a la familia ni que entre nadie, ni siquiera parientes”.

“La policía –añade- ha agredido físicamente a Sultana Jaya y a su familia en numerosas ocasiones al intentar salir de la vivienda, y tanto ella como su hermana han sufrido heridas graves por ello. Las autoridades deben levantar de inmediato el arresto domiciliario impuesto arbitrariamente a la activista y su familia”.

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