Profesores de Derecho internacional denuncian el apoyo de Sánchez al plan marroquí para el Sáhara Occidental

  • Afirman que la decisión del presidente del Gobierno es una grave violación del derecho internacional y supone un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente.
  • La AEPDIRI deja claro que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui.

Contramutis.-

El apoyo del Gobierno de España al plan de autonomía de Marruecos sobre el  Sáhara Occidental niega el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y es una grave violación del Derecho internacional, según la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI).

La asociación afirma que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara Occidental que ocupa ilegalmente”, y “conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa de Derecho internacional”. 

En una declaración, la AEPDIRI, constituida en 1978 para la promoción del estudio y el progreso del Derecho Internacional Público y Privado, del Derecho de la Unión Europea y de las Relaciones Internacionales, señala que el derecho a la libre determinación de los pueblos constituye uno de los principios fundamentales del Derecho internacional (Carta de la ONU y Pactos de Derechos Humanos de 1966), y que la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General afirma el derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial a su independencia, mediante la consulta a su población.

Indica que esta Resolución es aplicable a la descolonización del Sáhara Occidental según la Corte Internacional de Justicia, “que reconoció el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad”.

La asociación recuerda resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el Plan de Arreglo, libremente negociado por Marruecos y el Frente POLISARIO, que prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación, y otra por la que se creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que elaboró el censo en 2000, pero que “sólo el veto de Francia en el Consejo de Seguridad impide que la MINURSO concluya su labor organizando el referéndum”.

La asociación de profesores  recuerda que en el referéndum que pactaron las partes, el pueblo saharaui debe decidir entre la independencia del territorio y su integración en Marruecos y que “la propuesta de autonomía es una propuesta de integración del Sáhara Occidental en Marruecos y no constituye una expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos si no es libremente decidida por el pueblo saharaui, en un referéndum en el que se incluya igualmente la opción de la independencia”.

Sobre el plan de autonomía de Marruecos, presentado en 2007 después de rechazar definitivamente un referéndum de autodeterminación, AEPDIRI afirma que “nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es rechazado de plano por el Frente POLISARIO”.

Añade que una parte del territorio se encuentra bajo la ocupación marroquí y otra es controlada por la República Árabe Saharaui Democrática, Estado miembro de la Unión Africana, “por lo que el plan de autonomía es, además, de imposible aplicación en la parte no ocupada del territorio”.

AEPDIRI afirma que el Derecho Internacional General establece “la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación derivada del uso de la fuerza, como es la que se deriva de imponer a un pueblo colonial, tras la invasión, un régimen de ocupación por otro Estado, así como la obligación de todos los Estados de no contribuir a la consolidación y legitimación de una invasión”.

Sobre la condición de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, lo que ha sido negado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la asociación de profesores concreta que “desde 1963, y de conformidad con la Resolución 1956 (XVIII) de la Asamblea General, España es la potencia administradora, condición jurídica confirmada por la Audiencia Nacional en 2014, por lo que tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui”.

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