La Guardia Civil rechazó sin garantías legales a 470 inmigrantes en Melilla

  • El Defensor del Pueblo dice que en la devolución de los inmigrantes en Melilla el 24 de junio no se completaron las medidas legales nacionales e internacionales.
  • Ángel Gabilondo pide que de acuerdo a la legalidad se eviten casos similares.
  • Unidas Podemos dice al PSOE que debe asumir una investigación en el Congreso de los Diputados y Mas Madrid pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Contramutis.-

En el asalto a la valla de Melilla del 24 de junio pasado, en el que hubo al menos 23 muertos en el lado marroquí, 470 personas fueron rechazadas en la frontera por la Guardia Civil “sin completarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales».

Lo ha dicho el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que afirma en un comunicado que “ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos”.

Las primeras conclusiones dadas a conocer el viernes 15 de octubre por el Defensor del Pueblo se han producido después de analizar la documentación que le remitieron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, tal y como regula la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social que, además, en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla.

Ante esta información, el Ministerio del Interior ha respondido inmediatamente que todos los rechazos en frontera que se realizaron durante el salto masivo de la valla de Melilla se hicieron “dentro de la más estricta legalidad”, y fuentes de la Guardia Civil han asegurado que el número de inmigrantes rechazados fue de 101. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en su día en el Congreso que se actuó de forma serena, proporcionada y oportuna.

El Defensor del Pueblo, que prosigue con su investigación, ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo, así como informaciones a otras administraciones del Estado, además de recordar a los organismos competentes que, de acuerdo a la legalidad, se eviten episodios similares al del 24 de junio en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

El masivo asalto a la valla de Melilla, que se calcula intentaron el 24 de junio entre 1500 y 2000 inmigrantes, la mayoría procedentes de Sudán, fue repelido por agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes, que llegaron a entrar en suelo español para golpear, detener y devolver en caliente a personas que lograron superar el vallado. Alrededor de 130 logaron acceder a Melilla.

Aunque fuentes marroquíes dijeron que hubo 23 muertos, la Asociación marroquí de Derechos Humanos y el Colectivo Caminando Fronteras elevaron la cifra de fallecidos hasta 37 y a cientos los heridos.

Sobre el salto a la valla de Mellila el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró primero que se había resuelto bien  por parte de los cuerpos de seguridad de España y Marruecos, para más adelante apuntar que había que ponerse en la piel de todos, pero también en la de los heridos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la gendarmería marroquí y, posteriormente, afirmar que no volvería a decir que el asalto estuvo bien resuelto, a la vez que pidió empatía para los agentes  marroquíes.

Como ha recordado en un  tuit el periodista Fernando Garea, “hace sólo un mes el PSOE (con apoyo de PP y Vox) se opuso a una comisión de investigación en el Congreso”.

Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, ha instado al PSOE a asumir una investigación en el Congreso sobre las muertes de los inmigrantes , mientras que Pablo Gómez Perpinyà, senador de Más Madrid, ha pedido la dimisión del ministro del Interior.

El pasado día 13, el Tribunal de Apelación de Nador (Marruecos) condenó a penas de entre 2 y 3 años de prisión a 15 emigrantes sudaneses que fueron detenidos el 24 de junio durante el salto masivo a la valla de Melilla.

Según Efe, son los que se enfrentaban a delitos más graves de los 74 procesados por la justicia marroquí tras ser arrestados en los días previos y en la jornada del salto.

Ceuta y Melilla son España, punto”

El caso de la valla de Melilla estuvo presente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pidió aclaraciones a Marruecos por el “uso excesivo y letal de la fuerza” contra migrantes de origen africano el 24 de junio en salto a la valla.

El Gobierno marroquí remitió el 9 de septiembre una carta al Consejo de DDHH en la que afirmó que «Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España».

Las autoridades marroquíes dijeron que es “inexacto” referirse a “la línea de separación entre Marruecos y Melilla” como “frontera hispano-marroquí”, puesto que “el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y, por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso”.

Ante esta afirmación, el pasado jueves día 13 la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió a Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados que respondiera a la carta de Marruecos y “defendiera la soberanía nacional y la integridad territorial de España”.

«Ceuta y Melilla son España, punto», respondió desde su escaño el presidente del Gobierno al finalizar su comparecencia en el Congreso para informar sobre las medidas anticrisis del Ejecutivo.

Lo expresado en el escrito dirigido a la ONU fue matizado por fuentes del ministerio de Exteriores marroquí diciendo que Marruecos y España, según el acuerdo firmado el pasado 7 de abril, sí comparten «fronteras terrestres».

Un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí manifestó a Efe que la declaración adoptada en abril tras la reunión entre Mohamed VI y Sánchez contiene las bases y principios fundamentales de la nueva fase de asociación entre los dos países vecinos, entre ellos “diferentes cuestiones de interés común, incluido el Sahara”, respecto al que el jefe del Ejecutivo expresó el apoyo del Gobierno español a la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía de Marruecos.

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