Peruanos en Madrid piden que Jadiyetu El Mohtar pueda entrar en su país

El jefe de Cancillería de la embajada de Perú En España, Javier Sánchez Checa, ha recibido de manos de residentes peruanos en Madrid  un escrito en el que piden que la diplomática saharaui Jadiyetu El Mohtar, retenida desde el 9 de septiembre en el aeropuerto de Lima por la Dirección de Migraciones, pueda entrar en el país.

En el escrito,  bajo el nombre Unión Internacional en apoyo a la embajadora saharaui, se manifiesta la protesta e indignación que sienten por el agravio causado a  Jadiyetu El Mohtar, representante saharaui en misión especial en el Perú, a donde viajó por encargo del presidente saharaui, Brahim Gali, para entrevistarse con el presidente de la República del Peú, Pedro Pablo Kuczynski, tal y como habían acordado ambos mandatarios en Quito (Ecuador)

En medios peruanos y la propia diplomática saharaui se atribuye la actuación de la Dirección de Migracciones a la petición de dos congresistas fujimoristas de la Liga parlamentaria de Amistad con Marruecos.  Jadiyetu El Mohtar, que se encuentra en la oficina de Migraciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez, está pendiente de la resolución de un recurso de habeas corpus.

El Jefe de Cancillería peruano se ha entrevistado el 21 de septiembre con una delegación compuesta por peruanos residentes en Madrid, entre ellos el director de cine Javier Corcuera y la concejala de Ahora Madrid Rommy Arce, y responsables del movimiento solidario con el pueblo saharaui, como José  Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara).

Javier Sánchez Checa ha escuchado las explicaciones de los integrantes de la comisión y se ha comprometido a trasladar el escrito al embajador, José Antonio García Belaúnde, que no se encontraba allí en ese momento.

El escrito denuncia que la Dirección de Migraciones  no ha tenido en consideración las nuevas funciones de Jadiyetu El Mohtar como representante diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)  y ha obviado que ya ha estado en Perú y asistido a actos políticos organizados por el propio Gobierno peruano.

La República del Perú reconoció en agosto de 1984 a la RASD, relaciones que quedaron congeladas en septiembre de 1996 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La medida contra la diplomática saharaui, se afirma, ha generado “un malestar y opinión negativa en la comunidad internacional”, además de “nublar la conducta amable del país” .

Piden el levantamiento de la retención de la embajadora para que pueda reincorporarse al cumplimiento de sus funciones y dar a conocer en Perú “la grandeza del pueblo saharaui, que fue “invadido y despojado de su territorio, injusta y arbitrariamente por la monarquía de Marruecos, que en abierta oposición a las disposiciones de las Naciones Unidas y del  Tribunal Internacional de la Haya mantiene secuestrado el sueño de toda la población saharaui, que detenta el apoyo de la Comunidad Internacional y de la misma Unión Africana en el logro de sus aspiraciones como Nación”.

El escrito está firmado por un centenar de organizaciones solidarias de España y otros países, partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida y Compromís, los sindicatos CC.OO y UGT,  personalidades  de la cultura como  la periodista y escritora Rosa Montero, el cantante y compositor Joaquín Sabina, los actores Pilar y Javier Bardem y  la cantante Rozalén, entre otros.

Ante la retención de Jadiyetu El Mohtar, que tiene nacionalidad española y viaja con pasaporte español, el diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy  ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno explique las gestiones que ha hecho la Embajada de España en Lima ante el Gobierno peruano.

Los eurodiputados de Podemos Miguel Urbán, Xabier Benito, Tania González, Lola Sánchez  y Estefanía Torres, por su parte,  han presentado una queja ante la Comisión Europea para que intervenga y se ponga  fin a la situación en la que se encuentra la embajadora saharaui, que califican de arbitraria,  y tenga acceso a «todas las garantías jurídicas de ingreso en el Perú».

En el texto entregado ante la Comisión, según publica Público, se argumenta que  «los lazos que determinados sectores del Parlamento peruano tengan con el Reino de Marruecos no pueden justificar que se retenga a diplomáticos de terceros países sin base jurídica».