- El MAEC no reacciona ante la expulsión del Sáhara Occidental de una médica y dos abogadas españolas.
- El Gobierno permanece ajeno a la situación de los Derechos Humanos en la excolonia española.
Alfonso Lafarga.-
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación guarda silencio, una vez más, sobre la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
El MAEC no se ha pronunciado sobre la expulsión con violencia de El Aaiún de dos abogadas y una médica españolas, que viajaron al Sáhara Occidental para asistir a la activista Sultana Jaya, que lleva diez meses y medio en arresto domiciliario junto con su familia, sin orden judicial.
En este tiempo, la familia Jaya ha sufrido varios ataques en su casa, en Bojador, por parte de agentes marroquíes y en uno de ellos, el 22 de agosto, Sultana y su hermana Um–Almumnin fueron contagiadas con Covid-19 intencionadamente, además de ser sometidas a abusos sexuales.
La médica Raabub Mohamed Lamin y las abogadas Inés Miranda y Flora Marrero informaron del viaje al Ministerio de Exteriores, que dirige José Manuel Albares, y a los departamentos de Interior, Justicia, y Presidencia del Gobierno, así como a varias instancias de la Naciones Unidas relacionadas con los Derechos Humanos.
La expulsión se produjo con golpes y a empujones por parte de policías marroquíes. Inés Miranda, que había estado anteriormente en varias ocasiones en El Aaiún para asistir a juicios de saharauis, ha manifestado que nunca había visto tal agresividad en los agentes marroquíes.
Como en otras expulsiones del Sáhara Occidental de políticos, abogados, periodistas y miembros de ONG, no ha habido reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además de no pedir explicaciones a Marruecos por las continuas expulsiones de españoles de un territorio del que España es la administradora de derecho, los diferentes gobiernos españoles no se han interesado por la vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, denunciada reiteradamente por organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Delegaciones de otros países se han trasladado a la excolonia española para evaluar la situación de los Derechos Humanos. La última ha sido el pasado 30 de septiembre: una comisión de la Embajada de Estados Unidos en Rabat, encabezada por la encargada de asuntos políticos, Amanda Zeidan, se reunió en El Aaiún con el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), encuentro que se celebró en la casa de Ali Salem Tamek, miembro de la ejecutiva de esta organización y expreso político.
Esta no ha sido la primera vez que EEUU ha enviado delegaciones a los territorios saharauis para interesarse por la situación de los DDHH. En una de ellas, en mayo de 2014, los funcionarios norteamericanos, que hicieron un informe para la Secretaria de Estado, se reunieron se reunieron con la activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar, que estuvo cuatro años en una cárcel secreta.
Otras delegaciones se reunieron, en febrero de 2018 y en septiembre de 2019, con los mandos de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
La de Estados Unidos no es la única embajada acreditada en Rabat que ha enviado diplomáticos al Sáhara Occidental para estudiar las violaciones de los Derechos Humanos. Entre otras, en febrero de 2012 estuvo el consejero político de la representación alemana, en octubre del mismo año lo hizo personal de la legación británica y en abril de 2013 responsables de las de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca.
En 2014 una delegación del Centro de Investigación y Documentación noruego estuvo, también, en el Sáhara Occidental y se entrevistó con Ghalia Djimi, otra mujer exponente de la resistencia saharaui, a la que las autoridades marroquíes mantuvieron cuatro años desaparecida.
Mientras, el Gobierno de España, como ha reseñado en repetidas ocasiones Contramutis, se declara firme defensor de los Derechos Humanos, con los que está “profundamente comprometido”: su protección y promoción constituyen “un eje prioritario” de la política exterior. Y según las propuestas de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, “España condenará y combatirá la violación de los derechos humanos allí donde se produzcan”.
Nada de todo esto aplica España si se trata del Sáhara Occidental, pero se denuncia cuando ocurre en cualquiera otra parte del mundo.
La siguiente es una relación de algunos hechos en relación con los DDHH ocurridos en septiembre de 2021 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí habitadas por saharauis y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles:
Contramutis 