- AI plantea al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que España debe promover activamente ante las autoridades de Marruecos el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica.
- También pide a España que fomente que el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) incluya un componente de vigilancia de los Derechos Humanos.
Alfonso Lafarga.-
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que promueva “activamente” ante las autoridades marroquíes el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, la antigua colonia española que Marruecos invadió a finales de 1975 tras ser abandonada por España.
Esta petición se contiene en la Agenda para la XV Legislatura de Amnistía Internacional, que la secretaria general de AI, Agnès Callamard, y el director de la organización en España, Esteban Beltrán, han presentado al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares.
Agnès Callamard y Esteban Beltrán encabezan una delegación de Amnistía Internacional que se encuentra en España para presentar la Agenda para la XV Legislatura, un documento que resume las principales preocupaciones de AI en materia de derechos humanos para los próximos cuatro años, según informa The Diplomat.
Además de por Albares (The Diplomat intentó recabar detalles sobre este encuentro, sin resultado) la delegación ha sido recibida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También tiene previsto encuentros con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo, y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons.
La Agenda insta a España a promover “activamente” ante las autoridades de Marruecos “el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, especialmente en relación al Sáhara Occidental”. Esto “incluye revocar las leyes que penalizan actividades relacionadas con el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, permitir la inscripción de las organizaciones independientes en el registro oficial, y poner fin a la intimidación de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos”,
También pide a España “promover que el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) incluya un componente de vigilancia de los derechos humanos”.
QUE ESPAÑA RESTABLEZCA EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
En el plano más estrictamente de la acción exterior, la agenda propone “un alto compromiso político y económico con el sistema multilateral de derechos humanos”, insta a “terminar con el ‘doble rasero’ que evita tomar medidas contundentes ante crímenes de guerra o de lesa humanidad si quien los comete es un aliado estratégico” y pide el restablecimiento del principio de jurisdicción universal en España y la protección de la población civil en situaciones de conflicto “a través de la acogida de las personas refugiadas, la ayuda humanitaria o la suspensión de la venta de armas, entre otras medidas”.
El documento advierte de que, “la mejor forma de reforzar la candidatura de España para volver a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2025-2027” -anunciada el pasado 26 de febrero ante la ONU por el propio Albares- “es mantener una vocación continuada e integral para impulsar avances en los foros multilaterales”.
Para ello, Amnistía propone el cumplimiento de la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado de 2014 “de cara a recoger compromisos claros y concretos de derechos humanos en la estrategia y los planes anuales de política exterior” e insta a “contribuir activa, económica y políticamente a fortalecer el sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas” y a oponerse al uso del derecho de veto por parte de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad “ante casos o riesgo inminente de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
En referencia a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, indica que “España debe suspender de forma permanente la venta de armas a Israel, habida cuenta de que cometen violaciones graves de derechos humanos que constituyen crímenes de derecho internacional”. Además, España y la Unión Europea “deben regular las actividades de empresas domiciliadas en su jurisdicción para prohibir que operen en asentamientos o comercien con ellos”. En consecuencia, “el Gobierno de España debe pedir a la empresa vasca CAF y a la catalana COMSA que abandonen sus proyectos de tren ligero en Jerusalén” y “debe pedir a la empresa E-Dreams que ponga fin a sus operaciones vinculadas a los Territorios Palestinos Ocupados”, añade.
En otro capítulo de la Agenda, Amnistía exige que el Gobierno español se comprometa a que “los derechos humanos sean un tema de negociación prioritario en las relaciones bilaterales con otros países, con continuidad en el tiempo y resultados visibles”, un compromiso que implica “incorporar los derechos humanos en las agendas políticas de todos los encuentros bilaterales”, promover “el pleno respeto de los derechos humanos en los acuerdos y convenios firmados con otros países en materias como cooperación al desarrollo, control migratorio e inversión empresarial y realizar gestiones para “apoyar casos de víctimas y personas defensoras de los derechos humanos”.
La Agenda para la XV Legislatura insiste a España a presionar contra la represión en Marruecos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros.
Contramutis 