Marruecos impide que juristas españoles asistan al juicio contra la periodista Nazha El Khalidi

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  • Marruecos no permite que entren en El Aaiún tres abogados españoles y otros dos observadores internacionales.

  • Eran observadores en el juicio contra la periodista saharaui Nazha El Khalidi, acusada de ejercer sin titulo oficial.

  • El régimen marroquí ha expulsado ya a doce observadores en relación con el caso de la periodista saharaui.

 

Alfonso Lafarga.- 

El régimen marroquí ha vuelto a impedir la presencia de observadores internacionales en el juicio contra la periodista saharaui Nazha El Khalidi, previsto para el 24 de junio, a la que acusan de ejercer la profesión sin tener título oficial y por lo que puede ser condenada hasta con dos años de cárcel.

El 23 de junio, domingo, las autoridades marroquíes han impedido acceder a El Aaiún a Miguel Ángel Jerez, José María Costa e Inés Miranda, con acreditación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a quienes han dicho que son personas no gratas.  Acababan de llegar a la capital del Sáhara Occidental ocupado procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, pero la policía no ha permitido que bajasen del avión y han tenido que volver a Canarias.

Según el grupo informativo saharaui Équipe Media, el sábado, día 22, no se  permitió viajar desde el aeropuerto de Casablanca (Marruecos) a El Aaiún para asistir al juicio contra Nazha a dos observadores contactados por la Asociación de abogados Americanos.

Estas expulsiones se unen a la de otra delegación del CGAE que acudió el 19 de mayo al Sáhara Occidental para asistir al juicio previsto para el día siguiente contra la periodista saharaui, que fue aplazado al 24 de junio. En aquella ocasión se expulsó a Lourdes BarónDolores Travieso, Ruth Sebastián, Sidi Talebbuia y Ramón Campos.

También fueron expulsados de El Aaiún los observadores noruegos de la Fundación RAFTO para los Derechos Humanos Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller.

El juicio contra Nazha debía haberse celebrado el 20 de mayo, pero el Tribunal de primera instancia de El Aaiún aplazó la vista para analizar el contenido del teléfono de la periodista, incautado por la policía marroquí cuando fue detenida el 4 de diciembre de 2018 mientras grababa una manifestación saharaui.

Desde la ONU se ha expresado una “grave preocupación” por este caso: la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Elina Steinerte; el relator especial para la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o Degradantes, Nils Melzer, remitieron una carta al Gobierno de Marruecos en la que mostraron su preocupación por la detención de la periodista saharaui y solicitaron la abolición  de una legislación que criminaliza a las personas que ejercen periodismo sin autorización previa.

Expusieron que el artículo 238 del Código Penal marroquí, con el que se acusa a Nazha El Khalidi, se contradice con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Marruecos y pidieron a este país que respondiese a cuestiones referentes a torturas a la periodista saharaui, fundamentos jurídicos de su detención y juicio y si han se tomado medidas para adaptar el Código Penal marroquí al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado recientemente que el Sáhara Occidental es “uno de los lugares más áridos del mundo para la información” y  que ejercer allí el periodismo es “un acto de heroísmo”, cuyos protagonistas pagan con detenciones arbitrarias, acoso a sus familias, difamaciones, torturas, la cárcel y “sentencias tan abultadas, como injustas”.  Según RSF, los periodistas saharauis son acusados de presuntos delitos cada vez más “creativos” para “torpedear cualquier atisbo de continuidad en el ejercicio de su profesión” y encerrarlos “con parciales y farragosos procesos judiciales de por medio”.

El proceso contra la periodista saharaui ha sido cuestionado, también, por Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que consideran es incompatible con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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