La periodista saharaui Nazha El Khalidi juzgada sin testigos internacionales

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  • Nazha declara que fue detenida por su trabajo periodístico de denuncia de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

  • Doce observadores internacionales expulsados para que no presenciasen el juicio contra la periodista saharaui.

  • El Consejo General de la Abogacía Española avala la presencia de letrados en causas en las que se aprecian riesgos de que el procedimiento no asegure garantías  legales.

 

Contramutis.- 

Después de dos aplazamientos y la expulsión de doce observadores internacionales, ha sido juzgada por las autoridades judiciales marroquíes la periodista saharaui Nazha El Khalidi, acusada de ejercer el periodismo sin título oficial.

Nazha grabó y difundió una manifestación saharaui en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, el 4 de diciembre de 2018 y fue detenida por ello.

En su contra se ha esgrimido el Código Penal marroquí, que persigue con tres meses a dos años de cárcel y una multa de 120 dírham (12 €) a 5.000 (500€), ejercer una profesión sin título oficial, en el caso de Nazha el periodismo, lo que hace desde 2010 cuando empezó a trabajar para la RASD TV.

Durante el juicio, celebrado en El Aaiún, sin la presencia de observadores internacionales y con grandes medidas de seguridad, Nazha El Khalidi ha declarado que fue detenida por su trabajo periodístico en Equipe Media, que muestra las violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el Sáhara Occidental, según ha informado este grupo saharaui. También ha denunciado que durante las horas que duró su detención sufrió torturas.

El juicio, cuya sentencia se conocerá el 8 de julio, se ha celebrado sin la presencia de observadores internacionales: el 19 de mayo fueron expulsados de El Aaiún cinco abogados españoles y dos observadores de Derechos Humanos noruegos, el 22 de junio no se permitió viajar desde Casablanca al Sáhara Occidental a dos enviados de la Asociación de abogados americanos y al día siguiente se impidió a tres abogados españoles bajar del avión en el que acababan de llegar a territorio saharaui.

Todos los letrados españoles viajaron a la excolonia española respaldados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), previa comunicación y acreditación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español y siguiendo los procedimientos habituales del Consejo “en apoyo a las misiones de observación judicial para velar por el respeto al Derecho de Defensa y al proceso judicial debido”, según informó este organismo.

El CGAE apoya desde 2002 la observación de juicios en el extranjero, y las visitas “han tenido relación directa con las causas penales iniciadas contra ciudadanos de origen saharaui en las que se aprecian riesgos de que el procedimiento no asegure las preceptivas garantías  legales”.

La Abogacía Española reclamó al Gobierno de Marruecos “que permita la labor de los Observadores de Derechos Humanos y garantice el derecho de cualquier acusado a un juicio con todas las garantías procesales”, pero su reclamación no ha sido tenida en cuenta.

Los grupos de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, para la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, y sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, han mostrado preocupación por el caso de la periodista saharaui, así como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.

 

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