- Inés Miranda y Lola Travieso habían viajado a El Aaiún para investigar graves violaciones de Derechos Humanos.
- Del viaje estaban informados el presidente del Gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores e Interior, la ministra de Igualdad, Relatorías de Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
- El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores la expulsión y pide una queja ante las autoridades marroquíes.
Alfonso Lafarga.-
Las abogadas españolas Inés Miranda y Lola Travieso han sido expulsadas de El Aaiún, Capital del Sáhara Occidental, a donde habían viajado para investigar las denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos formuladas por activistas y familiares de presos políticos saharauis perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes.
Acreditadas por el Consejo General de la Abogacía Española, las letradas han sido retenidas “ilegalmente” y han recibido un “trato vejatorio” durante varias horas en El Aaiún, según la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), a la que pertenecen Inés Miranda y Lola Travieso, quienes habían llegado a El Aaiún procedentes de Las Palmas de Gran Canaria el sábado 3 de junio y tenían previsto regresar el miércoles 6.
Del viaje estaban informados tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. De la misión también tenían información diferentes Relatorías de Naciones Unidas, así como su Secretario General, Antonio Guterres, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Inés Miranda ha declarado que han recibido “un trato violento” y que ni siquiera pudieron bajar del avión. “El comandante tenía instrucciones de que estas dos abogadas no pisaran el territorio”, ha dicho, y ha añadido que “Marruecos considera que dos abogadas son más peligrosas que todas las metralletas y todo el armamento que están utilizando contra en el pueblo saharaui”.
La abogada ha tenido palabras para Mahfuda Bamba Lefkir, “una mujer que lleva días en su casa encerrada, torturada y que sus hijos no pueden salir al colegio, como les está pasando a muchas mujeres y hombres saharauis, y eso Marruecos no quiere que lo veamos”. “Si impiden que el enviado personal del secretario general de la ONU acceda al territorio, que no va a impedir a la abogacía española”, ha concretado.
Ha dicho que habían informado de su viaje “para que supieran que, una vez más, íbamos a velar por los derechos del pueblo saharaui, que está en nuestro ADN, no como abogadas, sino como seres humanos”. Van a poner una denuncia en Naciones Unidas y ante el Gobierno de España “para ver si por fin se sitúa al lado de los Derechos Humanos del pueblo saharaui como de todos los pueblos del mundo”.
La Abogacía Española pide que Exteriores presente una queja ante Marruecos
El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores la expulsión de las letradas “sin que exista ninguna clase de causa que lo justifique”.
La Abogacía Española ha reiterado su apoyo al trabajo que realiza la asociación de juristas, “que no es otro más que constatar el respeto a los Derechos Humanos y denunciar su atropello en la antigua colonia española”, considerando que “Exteriores debería formular una queja por escrito ante las autoridades marroquíes”.
La Asociación de Juristas, por su parte, ha recordado en una nota que el Sáhara Occidental se encuentra en el listado de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización y que, legalmente, España es su Potencia Administradora, pero que, sin embargo, “desde que abandonó el territorio en 1975 viene incumpliéndose la obligación, no sólo de descolonizarlo sino de informar sobre la situación de su población, conforme exige el Art. 73 de la Carta de Naciones Unidas”.
Ha añadido que desde que Marruecos invadió la parte occidental del territorio “se han registrado y denunciado numerosos casos de persecución, secuestro, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias contra la población civil, hechos que se investigan ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.
A raíz de la interrupción del alto el fuego, en noviembre de 2020, y la reanudación de las hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos, la IAJUWS ha constatado “un alarmante aumento de la represión y la persecución política contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos”.
La Asociación de juristas ha incidido en que impedir la entrada de observadores internacionales también afecta al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Staffan De Mistura, que lleva dos años intentando acceder al Sáhara Occidental, así como a numerosas relatorías del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a cualquier ONG que pretenda esclarecer los graves crímenes perpetrados por Marruecos sobre el pueblo del Sáhara Occidental.
Inés Miranda, que ha asistido en varias ocasiones como observadora a juicios contra activistas saharauis en Rabat, ya fue expulsada de El Aaiún el 2 de octubre de 2021. En aquella ocasión viajó con la médica saharaui con nacionalidad española Raabub Mohamed Lamin y la abogada Flora Marrero para asistir a la defensora de los Derechos Humanos Sultana Jaya, que se encontraba enferma de COVID-19 y bajo arresto domiciliario en su casa de Bojador desde el 19 de noviembre de 2020, sin orden judicial y sin poder recibir visitas.
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